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sábado, 22 de mayo de 2010

Corrupción y falta de transparencia en obra pública del gobierno de Hidalgo



* Compromisos incumplidos, altos costos por concepto de corrupción y obstrucción en la generación de empleos son algunos de los vicios que caracterizan la ejecución de infraestructura en el estado


La industria de la construcción en Hidalgo tiene un cliente fundamental: el gobierno estatal. Los millonarios montos que la cuenta pública maneja en materia de infraestructura se mueven con casi nula transparencia. La Auditoría Superior de la Federación da cuenta parcial de dichos movimientos, puesto que sólo rastrea hasta cierto punto el dinero erogado. En los hechos, las constructoras financian las millonarias obras del gobierno hidalguense, y asumen todo tipo de costos: laborales, contables y, desde luego, financieros, puesto que no tienen certeza de que cobrarán.

La falta de transparencia imperante en este rubro hace parecer que obra pública es la caja chica del gobierno estatal. En el estado de Hidalgo, actualmente las cosas suceden así, aunque haya reglas de operación que escritas que señalan otros métodos más transparentes.

Ahí luego te pago

Después de dos años de haber inaugurado un puente peatonal en la capital hidalguense, la Constructora N no pierde la esperanza de algún día cobrar 2 millones de pesos que el gobierno quedó a deber. Sin embargo, la perspectiva es más que pesimista, dado que dicha empresa aceptó financiar la construcción del puente sin haber firmado contrato.

La misma empresa narra que ganó la licitación de cierta obra en el corredor Pachuca-Real del Monte, misma que el gobierno mismo les pidió no ejecutar. A cambio, fueron enviados a construir una carretera en los alrededores de Huejutla. La segunda obra era significativamente más económica que la primera.

Uno tú, dos yo, uno tú…

Constructora N compartió con El Xochilista la forma en que la mayoría de las constructoras deben repartir su presupuesto.

De cada 100 pesos erogados por el gobierno para obra pública:

• 5 pesos son el “diezmo” del funcionario que simplemente hizo lo que tenía que hacer, pero por cuyas manos debe pasar el recurso.
• 5 pesos son para el IMSS, al cual le ha dado por cobrar en porcentaje, independientemente de la cantidad de personas que trabajen en la obra.
• Entre 0 y 10 pesos para el supervisor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
• 16 pesos de IVA
• 33 pesos de ISR o 17 de IETU

De forma que con 31 pesos, los constructores deben ejecutar la obra. Las mermadas empresas se protegen desde que cotizan, así que inflan sus presupuestos, corriendo el riesgo de perder la licitación.

Quién paga los platos rotos

Para que una constructora entre a un proceso de licitación debe presentar un proyecto cuyo costo ronda los 20 mil pesos, desde luego, la empresa invierte en dicho proyecto a fondo perdido, incluso si la obra está etiquetada para que “la gane” determinado contendiente. Una vez que la constructora gana el contrato debe esperar, sin reglas precisas ni lógicas legales, largos periodos que pueden abarcar semanas o meses para que el recurso llegue a sus manos. En estos lapsos, algún gris funcionario hace que la gente de la empresa llame dentro de tres horas, o dentro de tres días, que venga a las 9 de la mañana, que regrese a las 7 de la noche, que intente con fulanito, otro funcionario gris que le hará dar más vueltas.

Mientras tanto, el recurso que ya se aprobó, y que en muchas ocasiones proviene del gobierno federal, al menos parcialmente, se encuentra en algún limbo fiscal inalcanzable. Por su parte, como la obra debe ponerse en marcha y proseguir, la empresa financia, tanto como pueda soportar.

Pero quién más paga

La construcción de una carretera puede generar hasta 600 empleos directos, además de hasta 20 mil indirectos. Es decir que por cada obra que no se realiza, por cada gran obra que se cambia por una menor, por cada que se desvía presupuesto para el pago de corrupción, una o varias familias se quedan sin empleo.


Foto: Tomada de Milenio.com

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